Alerta Temprana de Externaciones o una cuestionable interpretación de la prevención social de la violencia y la delincuencia en México

Fuente: El Siglo de Torreón

El pasado mes de enero, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) anunció la creación de la Alerta Temprana de Externaciones, la cual surge como mecanismo de control y vigilancia ante la inminente salida de cerca de tres mil presidiaros de las cárceles del país; esto en atención a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Esta alerta hará que la Comisión Nacional de Seguridad brinde información a los mandos policiales de las distintas demarcaciones sobre los internos que serán liberados. La finalidad de ello consiste en el monitoreo y vigilancia de los próximos ex-presidiarios.

Ricardo Márquez Blas, Titular de la Unidad de Información de la CNS, indicó que esta herramienta podría servir para hacerse información de los internos con probable salida para evitar episodios de reincidencia. Lo cual supone cuando menos dos situaciones: una actitud eminentemente reactiva por parte de las autoridades y una cuestionable interpretación del modelo preventivo de la violencia y la delincuencia que se impulsa a través del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD), pero expliquémoslo por partes.

La prevención social busca atender y subsanar las condiciones a partir de las cuales aumentan las probabilidades para la violencia y la delincuencia. Para ello se focaliza el trabajo en factores de riesgo (situaciones de vida y de entorno que coadyuvan a la generación de violencia y delincuencia) y grupos vulnerables (aquellas personas que por su condición tienen mayores probabilidades de generar o sufrir violencia y delincuencia). Esta perspectiva de abordaje y contención de actos delictivos es relativamente novedosa en el mundo (se puede observar el crecimiento de acciones en este respecto a partir de la década de 1980) y novísima para el caso mexicano (el PNPSVD, señala que las primeras acciones federales en materia de prevención datan de 1998 con la creación del Fondo de Seguridad Pública, FOSEG). Esto deja de manifiesto que la tradición reactiva de estrategia de seguridad es de larga data.

Hasta antes de la creación de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, los órdenes institucionales parecían dedicar sus esfuerzos en castigar el delito, pero no en atacar las condiciones que lo posibilitan. Ante la escalada de violencia que vivió el país a partir de 2007, la prevención surgió como una herramienta para garantizar resultados más sólidos en temas de seguridad a mediano plazo y una reducción sostenida de la violencia y la delincuencia a largo plazo.

Sin embargo, el cariz reactivo que se encuentra profundamente arraigado en las instituciones de seguridad en el país, genera acciones contradictorias con este modelo. El caso de la Alerta Temprana de Externaciones parece ser el caso pues busca vigilar a los ex presidiarios y actuar con rapidez y eficacia ante la inminente posibilidad de reincidencia, asumiendo de antemano que estos volverán a delinquir, situación que los estigmatiza desde lo institucional.

La Alerta Temprana de Externaciones debería funcionar como instrumento a partir del cual se genere información valiosa sobre el tránsito de los sujetos desde un ámbito penitenciario hacia la reinserción social y, a partir de esos datos, construir estrategias que mejoren las condiciones de esta población vulnerable. La estrategia 2.6 del PNPSVD, “Promover mecanismos y programas institucionales para la atención integral a población interna en el sistema penitenciario” incluye líneas de acción tendientes a la desestigmatización, inclusión y reinserción de esta población, contraviniendo el uso vigía y punitivo que se pretende hacer de la Alerta Temprana de Externaciones.

Si bien, la mencionada Alerta puede ser una herramienta útil para la prevención, la manera en que es pensada y desde la cual será operada, genera dudas importantes sobre sus alcances y hace retroceder a las políticas de seguridad en el país, por lo menos veinte años atrás.

Es necesario que las autoridades federales revisen las acciones que se están por implementar y se cuestionen sobre la congruencia de las mismas con los lineamientos vigentes y la nueva perspectiva de seguridad.

Texto de Emmanuel Rojas Botello – emmanuelrojas@delibera.org

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