De rendición de cuentas, números y otras opacidades políticas

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Suele ser poco o nada lo que como ciudadanos conocemos acerca de los avances y retrocesos que tiene nuestro Estado en materia de seguridad, salud, educación, medio ambiente sustentable o economía próspera. Frente a ello, ejercicios como la Glosa ciudadana, desarrollada como vía oficial de rendición de cuentas con un intento horizontal de diálogo; y el informe anual Qué has hecho, Gobernador, del observatorio ciudadano Jalisco cómo vamos, cobran principal relevancia en el marco de un escenario político nacional caracterizado por su crisis de legitimidad y su frecuente opacidad en materia de transparencia.

Con ello, el informe de gobierno que se presenta año con año en Jalisco, es acompañado de interpelaciones de ciudadanos expertos y críticos, que buscan ganar mayor claridad sobre las acciones y decisiones de sus gobernantes; y de una revisión externa sobre los avances alcanzados anualmente y la brecha restante hacia la meta propuesta para el final de cada administración.

No obstante, resulta indispensable que no se pierda de vista que a pesar de que ambos ejercicios sumen en materia de transparencia y trastoquen el terreno de la gobernanza estatal, el juego político permanece de fondo y más aún al calor de las próximas elecciones. Aun así, esto no deslegitima el esfuerzo de dichos ejercicios, sino que alude a una condición más de la complejidad del campo político.

Así, resulta justificable que se cuestionen los “hallazgos” presentados en notas periodísticas, o en informes oficiales o de origen ciudadano. No solo porque pueden estar cargados con una clara inclinación política para las próximas elecciones, sino porque como ciudadanos se supone que tenemos la obligación de hacerlo ahora y en todo momento. Sin embargo, tampoco se trata de comenzar una cacería de brujas ni de buscar el linchamiento de fuentes informativas, porque volvemos al punto anterior, se trata de una condición que ha resultado de la complejidad en el ejercicio político, y por lo tanto, ahora solo hace falta asimilarlas como parte del juego y ser más críticos frente a esto.

En esta tesitura por ejemplo, se puede dar lectura a los resultados del informe Qué has hecho, Gobernador, cuyo interés es el de realizar un mapeo sobre las condiciones actuales en el cumplimiento de las metas propuestas para cada administración. Para los lectores incipientes en el tema, al inicio de cada gobierno se presenta una planeación sobre las medidas que se tomarán en cuenta en cada sector, para dar continuidad o emprender nuevas acciones a favor de la ciudadanía. En esta planeación, se elaboran indicadores —medibles, comparables, relevantes, etc.— para permitir el monitoreo de avance hacia el cumplimiento de metas concretas sobre: feminicidios, desempleo, áreas naturales protegidas, calidad del aire, casos de dengue, de VIH, delitos del fuero común, incendios atendidos, etc., teniendo para ello metas anuales, y una meta específica para la entrega de la administración.

En el informe del observatorio Jalisco cómo vamos, se evalúa precisamente eso: el valor reportado anualmente para cada indicador, con relación a la meta establecida hacia el cierre de la administración. Aunado a ello, en el ejercicio se presenta la vitrina metodológica y permite el acceso a una base de datos en la cual se procesaron los indicadores para conocer su situación de avance. Dicha labor, es digna de reconocimiento, así como su compromiso con la transparencia de su propio análisis.

No obstante, surgen algunas inconsistencias con la información recabada y con la fórmula para monitorear el avance de algunos indicadores. Como ejemplo, se puede observar que para el eje de Territorio y Medio Ambiente, existen algunos valores que no tienen registro ¿por qué? si todos los indicadores son reportados año con año, y en su gran mayoría actualizados mensualmente, en la plataforma oficial del gobierno MIDE Jalisco, y además aparecen en cada uno de los informes de Gobierno, usualmente en el Tomo II.

Aunado a ello, algunos valores tampoco coinciden con lo que se reporta en las fuentes oficiales, como es el caso de los indicadores: Toneladas de basura depositadas adecuadamente, Superficie estatal bajo esquemas de Áreas Naturales Protegidas, Cumplimiento de la normativa Ambiental, y Días dentro de la norma promedio IMECAS. Estas variaciones en los valores reportados, pudieran ser sensibles cuando se realiza la conversión a porcentaje de cumplimiento, y más cuando la variación ocurre en tantos indicadores. Por fortuna para la credibilidad del informe, los errores no se producen exclusivamente a la baja del valor reportado por fuentes oficiales, sino que en algunos casos, se reporta un valor superior.

Sin embargo, ésta no es la única observación que se le podría hacer al ejercicio del observatorio, ya que la formula que utilizan para medir el avance en todos los indicadores que monitorean es la de  (Valor 2017-Línea base)/(Meta-Línea base), misma que resulta acertada para los indicadores cuyo valor es acumulado año con año, es decir, aquellos clasificados como Base Diciembre.  No obstante para los indicadores que año con año reinician su valor, es decir aquellos clasificados como Base Cero, deberían contemplar una fórmula que permitiera ver el promedio de los valores alcanzados anualmente, de tal manera que pudiera verse con mayor precisión la tendencia de los valores hacia la meta.

Esta precisión sobre la fórmula radica en que al restar la línea base, es decir el valor reportado en el primer año en el que se inició la medición, los indicadores con Base Cero, que año con año reinician su valor a cero y no al valor de la línea base, presentan un valor negativo durante todo su avance. Por ejemplo, en el Indicador de Días dentro de la norma promedio de IMECAS, en el cual se contabilizan los días del año en el que la calidad del aire es buena, al tener una línea base de 240 días y una meta a 2018 de 256 días, con dicha fórmula, sólo se podría medir avance con valor positivo a partir del día 241 ¿entonces el resto de días alcanzados, no cuentan? ¿es en verdad esto un retroceso?

En el indicador de 2017 por ejemplo, se reportó el valor de 201 días dentro de la norma, es decir, el 91% de cumplimiento de la meta 2017, y lo correspondiente al 79% de la meta para 2018. Un valor bajo tal vez para las aspiraciones a 2018, pero un valor muy diferente al que arrojaría la fórmula del observatorio, en donde dicho avance de 201 días corresponde al -243.75% de cumplimiento de la meta.

Tomando en cuenta que el promedio de Días dentro de la norma según los valores de 2013 a 2017, es de 227.4 días, es decir un aproximado del 88.83% de cumplimiento de la meta a 2018, el panorama evaluable sobre el comportamiento de este indicador cambia radicalmente. Con ello, es posible reflexionar sobre las conclusiones a las que llega el informe. Si esta situación ocurre en todos los indicadores que manejan Base cero, entonces el escenario que nos pinta el observatorio puede que no sea el más acertado posible.

¿Qué pasa entonces con la información que nace a partir de los resultados del análisis? ¿Qué pasa con la información que está consumiendo la ciudadanía? ¿Los medios están considerando esta variación de datos? Tal vez se trata de un enfoque diferente en el que el observatorio analiza los avances en los indicadores, tal vez la variación en los valores capturados provengan de otra fuente oficial diferente al reporte MIDE o los informes de Gobierno, y con ello no exista una intención política sustancial de fondo, o tal vez sí, pero eso no es lo verdaderamente importante.

Lo que sí resulta esencial, es considerar dicha complejidad del campo político y formar parte de ella y de sus reglas; reconocer que una simple variación numérica, o la aplicación de una fórmula matemática, puede alterar drásticamente los resultados de una evaluación, y que la información que nos llega como ciudadanos, muy posiblemente tendrá algún tipo de sesgo.

Texto de Bolli García – bolligarcía@delibera.org

Alerta Temprana de Externaciones o una cuestionable interpretación de la prevención social de la violencia y la delincuencia en México

Fuente: El Siglo de Torreón

El pasado mes de enero, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) anunció la creación de la Alerta Temprana de Externaciones, la cual surge como mecanismo de control y vigilancia ante la inminente salida de cerca de tres mil presidiaros de las cárceles del país; esto en atención a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Esta alerta hará que la Comisión Nacional de Seguridad brinde información a los mandos policiales de las distintas demarcaciones sobre los internos que serán liberados. La finalidad de ello consiste en el monitoreo y vigilancia de los próximos ex-presidiarios.

Ricardo Márquez Blas, Titular de la Unidad de Información de la CNS, indicó que esta herramienta podría servir para hacerse información de los internos con probable salida para evitar episodios de reincidencia. Lo cual supone cuando menos dos situaciones: una actitud eminentemente reactiva por parte de las autoridades y una cuestionable interpretación del modelo preventivo de la violencia y la delincuencia que se impulsa a través del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD), pero expliquémoslo por partes.

La prevención social busca atender y subsanar las condiciones a partir de las cuales aumentan las probabilidades para la violencia y la delincuencia. Para ello se focaliza el trabajo en factores de riesgo (situaciones de vida y de entorno que coadyuvan a la generación de violencia y delincuencia) y grupos vulnerables (aquellas personas que por su condición tienen mayores probabilidades de generar o sufrir violencia y delincuencia). Esta perspectiva de abordaje y contención de actos delictivos es relativamente novedosa en el mundo (se puede observar el crecimiento de acciones en este respecto a partir de la década de 1980) y novísima para el caso mexicano (el PNPSVD, señala que las primeras acciones federales en materia de prevención datan de 1998 con la creación del Fondo de Seguridad Pública, FOSEG). Esto deja de manifiesto que la tradición reactiva de estrategia de seguridad es de larga data.

Hasta antes de la creación de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, los órdenes institucionales parecían dedicar sus esfuerzos en castigar el delito, pero no en atacar las condiciones que lo posibilitan. Ante la escalada de violencia que vivió el país a partir de 2007, la prevención surgió como una herramienta para garantizar resultados más sólidos en temas de seguridad a mediano plazo y una reducción sostenida de la violencia y la delincuencia a largo plazo.

Sin embargo, el cariz reactivo que se encuentra profundamente arraigado en las instituciones de seguridad en el país, genera acciones contradictorias con este modelo. El caso de la Alerta Temprana de Externaciones parece ser el caso pues busca vigilar a los ex presidiarios y actuar con rapidez y eficacia ante la inminente posibilidad de reincidencia, asumiendo de antemano que estos volverán a delinquir, situación que los estigmatiza desde lo institucional.

La Alerta Temprana de Externaciones debería funcionar como instrumento a partir del cual se genere información valiosa sobre el tránsito de los sujetos desde un ámbito penitenciario hacia la reinserción social y, a partir de esos datos, construir estrategias que mejoren las condiciones de esta población vulnerable. La estrategia 2.6 del PNPSVD, “Promover mecanismos y programas institucionales para la atención integral a población interna en el sistema penitenciario” incluye líneas de acción tendientes a la desestigmatización, inclusión y reinserción de esta población, contraviniendo el uso vigía y punitivo que se pretende hacer de la Alerta Temprana de Externaciones.

Si bien, la mencionada Alerta puede ser una herramienta útil para la prevención, la manera en que es pensada y desde la cual será operada, genera dudas importantes sobre sus alcances y hace retroceder a las políticas de seguridad en el país, por lo menos veinte años atrás.

Es necesario que las autoridades federales revisen las acciones que se están por implementar y se cuestionen sobre la congruencia de las mismas con los lineamientos vigentes y la nueva perspectiva de seguridad.

Texto de Emmanuel Rojas Botello – emmanuelrojas@delibera.org

Las cosas como son: desaparición forzada

 

Fuente: Rapé

El 23 de enero pasado, Marco Antonio Sánchez Flores, estudiante de la preparatoria 8 de la UNAM, fue detenido de manera arbitraria por cuatro policías de la Ciudad de México. Se encontraba tomando una foto de un grafiti con un amigo, cuando dos policías lo acusaron sin fundamento alguno de haber robado un celular. Después se sumaron otros dos elementos de (in-)seguridad pública y, ante el acoso, Marco Antonio decidió correr hacia la estación de Metrobús El Rosario. Fue golpeado en su detención, aún cuando ya lo tenían amagado, por lo cual se hizo uso excesivo de la fuerza. En lugar de ser llevado al ministerio público, como marca el protocolo de actuación policial, supuestamente fue liberado momentos después. Es a partir de entonces que Marco Antonio ya no sería como era hasta antes de su detención. Dado que los policías no actuaron bajo el protocolo establecido, se puede hablar de su desaparición forzada.

Cuatro días después, el 27 de enero, fue detenido por policías del Estado de México ya que deambulaba en un puente, con supuestas señales de querer suicidarse, y fue llevado a un juzgado cívico de Tlalnepantla. Permaneció un total de 10 minutos en el juzgado y fue puesto en libertad al no encontrar ningún delito que perseguir. Nuevamente Marco Antonio estaba desaparecido. En el juzgado no se registró siquiera la detención, ya que según el juez no quiso dar su nombre; entonces así nada más fue dejado a su suerte, ignorando las claras señas del mal estado de salud en que se encontraba Marco. Aquí es donde estos hechos fueron captados por cámaras del C5, y se informa a la policía capitalina que un joven con características similares al desaparecido Marco fue registrado en video.

Fue hasta el 28 de enero, un día después de su presentación al juez cívico de Tlalnepantla, que es encontrado en el fraccionamiento Álamo del municipio mexiquense Melchor Ocampo, a más de 30 kilómetros de donde fue detenido por primera vez. Una vez localizado, se informó a sus padres quienes confirmaron la identidad del joven estudiante; sin embargo, aunque Marco había regresado, en realidad no era él el que estaba ahí. En la prensa se pudo observar las señas claras de que su salud fue fuertemente mermada. Miguel Ángel Mancera se apresuró a decir que la situación se trataba de un mero extravío, mientras personajes intolerantes como Arne Aus Den Ruthen rápido mencionó a través de su cuenta de Twitter que de seguro Marco Antonio andaba de fiesta y drogándose, y por ello su estado de confusión y maltrato físico.

Al tratarse de una presunta desaparición forzada, la cosa no termina ahí. Debe seguir la investigación a fondo para el deslinde de las responsabilidades. No se trata de un simple extravío, como menciona Mancera, sino de una serie de violaciones a sus derechos humanos. Porque no es posible que las personas desaparezcan nada más porque sí, por la razón que haya sido, y que las autoridades no sigan los procedimientos correspondientes, y peor aún, que sean ellas mismas las que realicen el daño a las personas de manera expresa o por omisión.

Texto de Jesús Alejandro Tello – jesustello@delibera.org