Posicionamiento: El CONAPRED no debe desaparecer

Respecto a las declaraciones del presidente de México sobre la posible desaparición del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) para que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) absorba sus funciones, en Delibera recordamos las palabras de Gilberto Rincón Gallardo:

«Para evitar que el gobierno de las mayorías se convierta en tiranía de las mayorías es necesario que el Estado democrático proteja y tutele los derechos de las minorías. Es necesario, no sólo avanzar en una educación ciudadana en la tolerancia, sino también, y sobre todo, en la protección legal de los derechos de todos en el marco de una política de Estado en materia de no discriminación.»

«Las sociedades discriminatorias y la mexicana es una de ellas son fragmentadas, desiguales, proclives a la violencia y con escasos vínculos de solidaridad. Las sociedades Dónde se lucha contra la discriminación son más prósperas más coherentes más libres y más solidarias. Unas y otras pueden ser democráticas, pero la calidad de su democracia depende de qué tan fuerte sea su esfuerzo antidiscriminatorio.»

El CONAPRED es la institución del Estado Mexicano responsable de las tareas de difusión, educación y convencimiento, así como de las funciones de revisión de las normas legales existentes y a la atención de casos específicos de discriminación.

Hacemos un llamado al ejecutivo nacional para que reconsidere su postura, al tiempo que suscribimos las palabras de la hasta hoy titular del CONAPRED, Mónica Maccise, sobre la necesidad de que dicha institución no solo deba existir, sino que sea reforzada.


Referencias

  1. Discriminación y democracia en Entre el pasado definitivo y el futuro posible. Ejercicios de reflexión política en clave democrática. Fondo de Cultura Económica 2008. México.
  2. La discriminación en la agenda del desarrollo, en https://www.nexos.com.mx/?p=11272
  3. El Conapred no solo debe existir sino reforzarse, dice Maccise al formalizar su renuncia, en https://www.proceso.com.mx/635003/el-conapred-no-solo-debe-existir-sino-reforzarse-dice-maccise-al-formalizar-su-renuncia

Contacto: oye@delibera.org

Respecto al proceso de nombramientos para el Consejo de la Judicatura en Jalisco

La creación de los Consejos de las judicaturas tanto estatales como a nivel federal, que tuvieron lugar durante la última década del siglo pasado, respondieron a la necesidad de transparencia y procesos rigurosos para la administración de justicia en nuestro país. El logro que representa dicha institución reside en su conformación como un órgano de vigilancia.

Ante las recientes irregularidades que el proceso de selección de los nuevos integrantes ha acusado, exhortamos a los integrantes del Congreso del Estado de Jalisco a generar acciones para garantizar la aplicación de los procedimientos establecidos.

Consideramos que debe garantizarse que quienes integren dicho Consejo estén al margen de grupos políticos y/o intereses particulares. Lo anterior es crucial para lograr que los procesos de justicia sean independientes y en beneficio de las y los jaliscienses.

Contacto: oye@delibera.org

Violencia de género y masculinidades en el contexto jalisciense

Fuente: Unión Iberoamericana de Municipalista

Algunos datos sobre violencia hacia las mujeres en Jalisco

Los datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) señalan que Jalisco se encuentra en la tercera posición de los estados con mayor proporción de violencia hacia las mujeres, solo detrás de Ciudad de México y el Estado de México.

Respecto a percepción de seguridad, la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) llevada a cabo por INEGI, indicó que en 2018 el 82,4% de personas en Guadalajara dijeron sentirse inseguras en su ciudad.

La encuesta sobre percepción de seguridad y acoso sexual en espacios públicos de Guadalajara mostró que el 49,3% de las mujeres encuestadas dijeron sentirse inseguras y el 15,2% muy inseguras (ONU Mujeres, 2018, p. 25), lo cual indica que el 64,5% de la percepción de las mujeres en este tema es negativa.

Por otro lado, el 66,2% de encuestadas ha sufrido miradas morbosas en el municipio, al 46,1% le dijeron palabras morbosas y el 81% ha tenido incidentes de acoso sexual u otras formas de violencia, de las cuales el 70,7% fueron durante los últimos 12 meses (ONU Mujeres, 2018, p. 33).

Según Fela Pelayo López, titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco (SISEMH), el 48.7% de las mujeres jaliscienses ha sufrido violencia, pero solamente el 9% la han denunciado ante las autoridades (Gutiérrez, 2019).

El Sistema MIDE de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana señala que en 2018 se reportaron 32 feminicidios, mientras que en lo que va del año el municipio de Guadalajara ya reporta 3 casos (SPPC, 2019). Indicando que es uno de los municipios con más casos dentro de la entidad federativa.

Según información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guadalajara se encuentra en el número 15 de los primeros 100 municipios con presuntos feminicidios, (SESNSP, 2019)

Algunos datos sobre violencia entre hombres en Jalisco

Las configuraciones negativas de las masculinidades y los mandatos que estas introyectan en los varones no afectan únicamente a las mujeres, sino que también hay consecuencias nocivas entre pares. Como los datos muestran, son los hombres los que generan más violencia y delincuencia; sin embargo, también son los que más mueren a causa de ésta.

En 2017, las agresiones (homicidios) eran la séptima causa de muerte en Jalisco (IIEG, 2019), registrándose un total de 1,586. De las cuales 1,428 corresponden a hombres y 142 a mujeres (hay 16 casos no especificados), que en porcentaje se traduce a 90.03% de varones y 8.95% de mujeres. En proporción, de cada 10 personas asesinadas en Jalisco, 9 son hombres, lo cual podría ser consecuencia de dinámicas de violencia establecidas por mandatos de género (INEGI, 2019).

Por otro lado, según la investigadora Elena Azaola Garrido, una buena parte de los homicidios registrados está relacionada con el crimen organizado y/o conflicto entre pandillas (Karen, 2019).

Datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL-INEGI) señalan que en 2016 había 16,014 personas privadas de la libertad en Jalisco (mayores de 18 años), de las cuales el 70.1% estaban entre los 18 y 39 años.

Del total de la población en reclusión, el 96.4% eran hombres y el 3.6 mujeres, lo que indica que es muy superior el número de varones asociados a la comisión de delitos con relación a las mujeres.

Por otro lado, en Jalisco durante 2017, hubo 658 casos de suicidio, de los cuales el 79.6% corresponden a varones y el 20.2% a mujeres (IIEG, 2017). Según los registros de 2000 a 2017, los suicidios han tenido un incremento paulatino en la entidad y salta a la vista que en todos los años es mucho mayor el número de hombres que de mujeres.

En aquel estudio se reveló que en Guadalajara se habían cometido 102 de estos suicidios, lo cual lo posiciona en el segundo lugar de la zona metropolitana solo detrás de Zapopan.

Según información proporcionada por la Clínica de Atención Psicológica Integral para el Bienestar del CUCS (U. de G.), de cada 10 pacientes adultos que reciben asesoría y terapia psicológica en esta institución 8 son mujeres. En el mismo comunicado la doctora María Guadalupe Covarrubias de la Torre, indicó que “Parece ser que la mujer tiene más facilidad para pedir ayuda cuando lo requiere que los varones” (González, 2018).

Finalmente los datos de IIEG indican que para el año 2016, el 55.8% de defunciones corresponden a hombres y el 44,1% a mujeres a pesar de que poblacionalmente las cifras están invertidas, esto podría estar relacionado con una configuración de masculinidad que impide a los hombres buscar ayuda médica o llevar a cabo chequeos periódicos.

El reto

En Delibera, partimos de que la atención y la colaboración de los hombres es crucial para lograr juntos una sociedad más igualitaria y menos violenta. Sin la participación de los hombres y el cuestionamiento de las bases sobre las cuales están configuradas las diferentes formas de masculinidad no es posible un cambio importante.

Por otro lado, sin el trabajo conjunto entre la sociedad civil organizada, las instituciones del Estado y de las comunidades, las y los ciudadanos, en un nuevo paradigma de gobernanza, será difícil avanzar juntos y de manera sostenida en la erradicación de las violencias hacia las mujeres y la generación de modelos positivos y no violentos de masculinidad.

El presente texto enmarca la urgente necesidad de estrategias de intervención —desde el estado y la sociedad civil— focalizadas en los generadores de violencia: los varones de la comunidad, del barrio, de los grupos de esquina, de los centros laborales, de las escuelas, las universidades, que recorren las calles y el transporte público, que acuden a los hospitales, que habitan las prisiones, en fin, que están por todos lados y en todos ellos generan violencia por mandatos de género.

Texto de Emmanuel Rojas Botello – Presidente de Delibera A.C.

Referencias

Gobierno del Estado de Jalisco. (2019), Seguridad Map, Guadalajara: Gobierno de Guadalajara. Consultado en: https://seguridadmap.app.jalisco.gob.mx/#/dashboard

González, M. (2018). Hombres adultos quienes menos solicitan atención psicológica. Guadalajara: Universidad de Guadalajara. Consultado en: http://www.udg.mx/es/noticia/hombres-adultos-quienes-menos-solicitan-atencion-psicologica

Gutiérrez, E. M. (2019) Esperan más denuncias de violencias vs mujeres en Jalisco. Guadalajara: Milenio Jalisco. Consultado en: https://www.milenio.com/politica/comunidad/apoyan-asociaciones-prevenir-violencia-vs-mujeres-jalisco

IIEG. (2017), Principales causas de muerte en Jalisco 2017, Guadalajara: IIEG. Consultado en: https://iieg.gob.mx/contenido/PoblacionVivienda/DiaMundialContraCancer.pdf

IIEG. (2019), Sistema de consulta de información sociodemográfica por colonias de Jalisco 2010, Guadalajara: IIEG. Consultado en: https://www.iieg.gob.mx/contenido/PoblacionVivienda/ciudadesmedias/gdl.html

INEGI. (2018), Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU), México: INEGI. Consultado en: https://iieg.gob.mx/strategos/principales-resultados-para-jalisco-de-la-encuesta-nacional-de-seguridad-publica-urbana-ensu-junio-2018/.

INEGI. (2019). Consulta Interactiva de Datos. México: INEGI. Consultado en: https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c=

IIEG. (2017). Suicidios en Jalisco. Guadalajara: IIEG. Consultado en: https://iieg.gob.mx/contenido/PoblacionVivienda/FichaSuicidios2019.pdf

Karen. (12 de agosto de 2019) “Violencia golpea más a jóvenes entre 15 y 24 años”. Plumas Atómicas, consultado el 12 de agosto de 2019, en: https://plumasatomicas.com/noticias/violencia-noticias/jovenes-violencia-asesinatos/

ONU Mujeres. (2018). Acoso sexual y otras formas de violencia sexual en el espacio público: municipio de Guadalajara. México: ONU Mujeres, Universidad Autónoma de México Unidad Iztapalapa. Consultado en: http://www.izt.uam.mx/wp-content/uploads/2018/11/ONUMUJERES-ACOSO-SEXUAL-GUADALAJARA.pdf

Posicionamiento sobre el asesinato de policías en el AMG

En lo que va de esta semana han asesinado a tres policías del Área Metropolitana de Guadalajara;  dos eran parte de la Comisaría de Guadalajara y otro de Comisaría de Zapopan.

El primer caso ocurrió el martes 19 de marzo en la colonia Urbi Quinta, en Tonalá, cuando un comando armado emboscó al comandante Sergio Rivas Mejía y el oficial Ramiro Alejandro Delgado Pérez al término de su jornada laboral. Un tercer elemento quedó herido de gravedad. [1]

El segundo caso se registró ayer viernes 22 de marzo, en el que dos policías acudieron a una barbería den la colonia Loma Bonita, en Zapopan, debido a un reporte que recibieron sobre la presencia de cinco hombres armados dentro del establecimiento. A la llegada de los oficiales, los civiles abrieron fuego contra los oficiales, quedando ambos heridos. Sin embargo, hoy por la mañana el oficial Luis Abraham Camacho Galindo falleció debido a la gravedad de sus heridas. [2]

Estos casos se suman al del 19 de enero, cuando otro policía de la Comisaría de Zapopan fue asesinado a tiros en su día de descanso. [3]

Desde Delibera A.C. queremos manifestar nuestro a apoyo a las corporaciones policiacas a las que pertenecían estos oficiales, y a las familias afectadas por dichas pérdidas; ojalá que encuentren paz y justicia. Así también, exhortamos a la sociedad civil y a las autoridades a no normalizar las muertes de los policías en aras de fortalecer el sentido de solidaridad con una de las instituciones más golpeadas en el país.

No podemos dar la espalda cuando la vulnerabilidad de las corporaciones policiales aumenta, especialmente en un contexto donde la política federal y estatal están de acuerdo en acciones como las de desplegar al ejército en el centro de la ciudad. En términos generales, la población tiene la percepción errónea de superioridad con respecto a los policías y con base en esa percepción les hemos tratado a lo largo de la historia; pero si queremos recuperar la paz y la seguridad no podemos prescindir de ellos.

Delibera A.C.

Fuente: El Informador/F. Atilano


[1] Más información:

[2] Más información:

[3] Más información:

La sucesión presidencial, edición 2018

Fuente: ADN Político

Estamos a escasos horas de una nueva sucesión presidencial; una que fue esperada por mucho tiempo y por muchas personas. López Obrador será el próximo presidente constitucional de México, lo cual —en teoría— representa —o al menos hasta hace algún tiempo lo hacía— nuevos bríos para un país falto de condiciones mínimas que garanticen un bienestar uniforme entre la población.

Esta semana la iniciamos con la noticia de que en los últimos tres meses, la aprobación por parte de la población hacia el presidente electo cayó nueve puntos porcentuales, según la encuesta de El Universal sobre aprobación de AMLO como presidente electo. Pasó de 64 a 55% de aprobación, lo cual indica que aún la mayoría de la población aprueba su labor previa a la toma de protesta, sin embargo no hay que minimizar esa caída. Otros rubros en los que disminuyó la buena percepción de las personas hacia López Obrador fueron el nivel esperado de cumplimiento de promesas de campaña (64 a 49%); también decreció el número de personas que piensan que el país estará mejor (70 a 60%), al contrario del aumento de las personas que creen que estará peor, el cual se duplicó (6.5 a 12%).

Por otra parte, siempre ha de haber críticas hacia los gobiernos entrantes, pero en esta ocasión quiero señalar tres en particular, las cuales considero de lo más sensibles. Es importante tenerlas presentes rumbo hacia el sábado que será la Toma de Protesta.

En primer lugar está el tema de la Guardia Nacional, el cual marcó un cambio radical en el discurso de AMLO, con todo y el fallo inapelable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior. La Suprema Corte señaló la gravedad de otorgar atribuciones de seguridad pública a los militares, quienes no están capacitados para ello, sin embargo AMLO salió a decir que se promovería una reforma constitucional para que la figura de la Guardia Nacional dirigida por mando militares pudiera existir. La famosa frase “abrazos, no balazos” queda como mera anécdota electoral.

El segundo tema son las consultas populares a modo, las cuales tienen tremendos sesgos tanto de organización, implementación y de discurso, ya que, primero, no respeta su realización según la Ley Federal de Consulta Popular; segundo, las consultas son sobre decisiones tomadas con antelación; y tercero, difícilmente se votaría negativamente en la forma como se plantean los proyectos.

Y el tercer tema es el centralismo que quiere ejercer desde el Ejecutivo Nacional, irrespetando la autonomía de los estados en determinadas materias de los ámbitos locales, lo cual se perfila como una violación al Federalismo en el que se constituye el país, además de mostrar un total desconocimiento sobre las diferencias entre la vastedad del territorio nacional. Pistas de ello están la designación de los superdelegados, de los cuales las críticas las encabezan el gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quienes pertenecen a fuerzas políticas diferentes entre sí, por si hubiera duda de que es un tema partidista. O también la declaración del Senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, que si en algún estado hubiera resistencias a las determinaciones morenistas, el Senado desaparecería los poderes locales.

Rumbo al Primero de Diciembre estas cuestiones son particularmente necesarias para la discusión, al ser temas de seguridad, de instituciones que sostienen la endeble democracia del país, y de cómo se perfilan las posibilidades ciudadanas rumbo al próximo sexenio.   

Texto de Jesús Alejandro Tello – jesustello@delibera.org

Brechas de la consulta

Fuente: Airgways

La consulta popular que organizó el partido político Morena, respecto a las opciones de 1) continuar la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, o 2) del habilitamiento de un sistema aeroportuario que abarque el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la base militar Santa Lucía y el Aeropuerto Internacional de Toluca, reavivó el tema de la aplicación de las consultas públicas en nuestros país, aunque de manera controversial.

Por el lado positivo de lo que se vivió en varias ciudades del país —porque no se puede considerar que haya sido en todo en la totalidad del territorio mexicano— tenemos que la consulta popular significa la participación de la ciudadanía en el debate sobre algún tema de relevancia social, y con ello el fortalecimiento de la democracia desde el punto de vista en que en una democracia cada voto cuenta y cada ciudadano tiene voz y voto. Es decir, la posibilidad de que la ciudadanía exprese y decida el destino del mismo país, con lo cual se voltea hacia la participación que por lo general está reducida a acudir a la urna en las elecciones de nuestros representantes.

Sin embargo, considero que hay más aspectos negativos —o poco favorables por decir lo menos— sobre el ejercicio desarrollado hace poco más de una semana entre el 25 y el 28 de octubre, ya que actualmente existe una regulación de esta figura participativa, la Ley Federal de Consulta Popular (LFCP), la cual se publicó el 14 de marzo de 2014. Si recurrimos a ella para valorar el desarrollo de la consulta pública del NAIM organizada por Morena, se observan algunos aspectos que la privan de ser un ejercicio realmente democrático.

Fuente: Animal Político

Entre estos aspectos está que una consulta popular debe ser convocada por el Congreso de la Unión a petición de: 1) el Presidente de la República; 2) el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o 3) la ciudadanía, en un número equivalente —al menos— al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores. Además, la petición tiene que ser aprobada por la mayoría de cada cámara del Congreso de la Unión, y debe ser organizada por la autoridad electoral —el INE en este caso—. Para la Consulta para el NAIM, no se cumple condición alguna de las mencionadas, ya que la convocatoria y organización fue por parte del presidente electo y el partido al que pertenece.

Así también, la cualidad vinculante de la consulta popular —según la LFCP— se alcanza cuando se tiene una participación de al menos el 40% de la lista nominal del INE, que actualmente equivale a aproximadamente 35 millones 800 mil votos. Respecto a la consulta del NAIM, el presidente electo utilizó el voto de los mexicanos como un pretexto para decidir —por decreto de él mismo— lo que se hará en materia aeroportuaria, ya que el número de votos que se ejercieron fueron un millón 57 mil 859, lo que corresponde aproximadamente a un 1.2 % de la lista nominal del INE [1]. Es decir, no debería de tener poder vinculante debido a que carece de representatividad alguna, si se habla de materializar «la decisión» de todos los mexicanos, porque además las casillas se ubicaron en zonas correspondientes a distritos ganados por Morena durante la elección pasada.

Fuente: El Economista

Con todo lo que menciono no quiero que se me malinterprete: celebro la realización de ejercicios que involucren a la ciudadanía en temas que suelen ser decididos a discrecionalidad y siguiendo intereses que corresponden solo a las elites y no al grueso de la población. Sin embargo, el hecho de que el propio presidente electo no haya tomado en cuenta los aspectos legales que obviamente no son menores a la hora de realizar estos ejercicios, me deja la impresión de que la consulta fue solo un pretexto para legitimar a la fuerza una decisión que ya estaba tomada, y que las mismas instituciones son hechas menos por quien ocupará el cargo político de mayor renombre durante los próximos seis años. Me da pesar que un mecanismo de democracia participativa siga siendo —como ya se ha señalado por varias personas [2] [3] [4]— una forma de legitimar agendas partidistas en coyunturas de gran calado.


1. Al 19 de octubre de 2018, la lista nominal está integrada por 89,698,994 registros.

2. «Consulta Popular en México»

3. «La impopularidad de la consulta popular»

4. «La consulta popular en México, su apliación y algunos modelos latinoamericanos»


Texto de Jesús Alejandro Tello – jesustello@delibera.org

Prestaciones para la población en reclusión, un tema polémico sobre una población vulnerable

Durante la primera semana del mes de octubre del año en curso, el diputado local por el Partido del Trabajo en el Estado de San Luis Potosí, Pedro Carrizales Becerra (conocido popularmente como «El Mijis») anunció, en sus redes sociales y en diversas entrevistas, que diseñaría e impulsaría una propuesta de ley encaminada a garantizar prestaciones de ley para cierto segmento de la población en reclusión. Dichas prestaciones consistirían fundamentalmente en el acceso a los servicios de salud proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y acceso a la vivienda por medio del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).

Fuente: Domingo7 

Al darse a conocer este anuncio (pues hasta ahora no existe una propuesta concreta) cientos de personas en las redes sociales se pronunciaron al respecto con comentarios polarizados. Una parte de los comentarios apoyaba y aplaudía dicho anuncio mientras que otro lo reprobaba enérgicamente. Los argumentos para reprobar lo dicho por Carrizales Becerra corrían fundamentalmente sobre la premisa de que una persona en reclusión no es sujeto de derecho pues ha infringido la ley: “no merecen prestaciones” parecía ser el estandarte de este grupo de comentaristas en redes.

Como podemos observar, en esta discusión se entreverán argumentos legales, de derechos humanos y ciudadanos; y argumentos morales que tiene que ver con lo que las personas asumen como bueno o malo, pero vayamos a lo concreto: ¿qué propone “El Mijis» y que implicaciones legales tiene?

La propuesta

En reiteradas ocasiones, el diputado en cuestión ha aclarado que la propuesta consiste en otorgar seguridad social a la población en reclusión, excluyendo de estos beneficios ha aquellos que fueron condenados por delitos de alto impacto (homicidio, feminicidio, secuestro, entre otros). Por otro lado, dichas prestaciones serán solamente posibles para aquellos internos que cuentan con un trabajo dentro de su prisión, vinculado a proyectos de reinserción social.

Dichas prestaciones, por ley, serían extensivas a la familia del recluso beneficiando a cónyuges e hijos que en muchas ocasiones tenían como único sostén económico y de seguridad social al que ahora se encuentra vinculado a un proceso penal.

Por otro lado, el hecho de cotizar para estas instituciones también abre la puerta para el resarcimiento del daño, pues según lo referido por el diputado, se pueden buscar mecanismos para que esta retención económica sirva para abonar y pagar las consecuencias materiales del delito por el cual fue sentenciado (lesiones, daños a las cosas, etc.).

Fuente: Expok

Esto clarifica que la propuesta no es extensiva sino focalizada: a reclusos por delitos menores y con trabajo dentro de prisión (provisionalmente). Finalmente, el objetivo expreso de esta iniciativa sería incrementar las posibilidades de inserción laboral una vez cumplida la condena, resarcimiento del daño; así como evitar o contener las posibilidades de pauperización de la familia del recluso.

La legislación vigente

Sin embargo, una investigación pormenorizada revela que la Ley Nacional de Ejecución Penal, vigente desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación del 16 de junio de 2016, contempla en el artículo 92, numeral V, que el trabajo realizado en las prisiones “preverá el acceso a la seguridad social por parte de las personas privadas de la libertad conforme a la modalidad en la que participen, con apego a las disposiciones legales aplicables en la materia”; y el numeral VI indica que “se crearán mecanismos de participación del sector privado para la generación de trabajo que permita lograr los fines de la reinserción social y otorgar oportunidades de empleo a las personas privadas de la libertad”.

En ese sentido se podría argüir que esta propuesta no implica una novedad jurídica, sino que desde 2016 la legislación federal ya lo contempla y por ende las instituciones estatales y municipales de ejecución penal están obligadas, por jerarquía institucional, a acatarlo y obedecerlo.

De manera más amplia, el famoso artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla que “toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil” —sin excluir a la población penitenciaria— y su numeral XI sienta las bases de la seguridad social para dichos trabajadores —no excluyendo al trabajo dentro de los centros de reclusión—. Estas consideraciones alejan a la reforma de una discusión moral hacia una jurídica; de ampliar los derechos de ciertas poblaciones en riesgo y no de observar si son “merecedores” de los mismos.

Sin embargo hay una cuestión no resuelta: ¿este mandato se cumple? Por el momento no se cuentan con datos públicos que muestren claramente el cumplimiento de estas disposiciones. Se sabe, gracias a documentos como las Estadísticas sobre el sistema Penitenciario Estatal en México que existen convenios vigentes con instituciones privadas para la generación de puestos de empleo dentro de las cárceles; sin embargo no sabemos mucho más.

Los retos

Justamente la falta de información es uno de los grandes retos para propuestas de ley, pues hace preguntarnos: ¿cuánto empleo existe, realmente, dentro de las prisiones?, ¿qué porcentaje es esté respecto a la población penitenciaria total?, ¿existen capacidades institucionales y capacidades instaladas para que estos proyectos se puedan llevar a cabo?, ¿conocemos las condiciones laborales de los empleos existentes?, ¿conocemos los términos de los convenios firmados por la empresas privadas con los centros de reclusión? Es muy probable que no haya respuestas concretas para varias de las preguntas antes planteadas, sin embargo, son algunas a las que se deberá enfrentar la propuesta de «El Mijis»

Fuente: Expansión

En perspectiva

Creemos que el anuncio de esta propuesta tiene varios logros, el primero de ellos es que ha logrado visibilizar una problemática que es usualmente soterrada, con una población abandonada, aunque crucial para entender y atacar los gigantescos problemas de violencia y delincuencia en México. Por otro lado, poner este tema en la agenda puede significar un esfuerzo importante para sensibilizar a la sociedad sobre el tema y ayudar a comprender que no se trata de un sector “infrahumano” sino de sujetos con derechos.

Finalmente, dicha propuesta también podría ayudar a mejorar las condiciones materiales y sociales de una población sumamente vulnerable.


Texto de Emmanuel Rojas Botello – emmanuelrojas@delibera.org

¿El mejor equipo rumbo al próximo sexenio?

Fuente: MVS Noticias

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha presumido con mucha antelación la calidad de quienes integrarían su gabinete y su equipo de colaboradores desde la transición a la ejecución formal del gobierno. Sin embargo, en los días recientes hubo un notable rechazo por una persona que López Obrador designó para colaborar en la elaboración de las líneas de acción en materia de seguridad: Manuel Mondragón y Kalb.  

El tema de seguridad es uno de los más sensibles en el país al día de hoy y desde hace varios años. Hemos sido testigos del aumento en la violencia, en particular desde hace 12 años en que el ex presidente Felipe Calderón puso en marcha su fallida estrategia de la «Guerra contra el narcotráfico», sacando a las fuerzas militares de los cuarteles a las calles, y asignándoles tareas de seguridad pública para las cuales no están capacitadas. Simplemente esa tarea debería ser para las policías, no para el ejército ni la marina.

Con la administración de Enrique Peña Nieto no hubo un cambio sustancial de tal estrategia. Peor aún, con la Ley de Seguridad Interior impulsada desde el ejecutivo se le dio capacidad legal a las fuerzas armadas de poder hacer labores que deberían ser restrictivamente asignadas a las policías. Con esto siguen las consecuencias del aumento en la violencia y las muertes, al no ser la estrategia adecuada.

Y es que desde el propio manejo de la seguridad pública están las carencias: no hay capacitación adecuada a los cuerpos policiales, salarios bajos y una serie de razones por las cuales la seguridad, o bien podríamos hablar de inseguridad, ha sido el talón de aquiles de las administraciones recientes.

Este contexto introduce al tema en particular, la invitación que hizo López Obrador a Manuel Mondragón y Kalb para integrarse al equipo que trazará las líneas de acción en materia de seguridad para el próximo sexenio. Esto me parece un error garrafal, si tomamos en cuenta el cambio de régimen que quiere representar López Obrador. Vamos, la cuarta transformación, como él le llama.

Basta mencionar dos cuestiones para justificar el por qué es un error invitar a Mondragón y Kalb: Mondragón fue el Comisionado Nacional de Seguridad durante el primer año y medio del gobierno de Enrique Peña Nieto, y con él ya al mando se consumó la represión a las manifestaciones del primero de diciembre de 2012, en el marco de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto. Entre las acciones específicas que desde un marco de libertad de expresión, derechos humanos y cultura de paz fueron muy desatinadas, están el desalojo violento del zócalo además de su blindaje, con sus conocidas formas autoritarias de acción. Así también, luego de renunciar a su cargo de Comisionado de seguridad, a los pocos meses volvió como titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, y durante su período se ha experimentado un aumento en el consumo de todas las sustancias ilegales; sin estrategias de prevención, solamente punitivas y una política criminalizante basada en prejuicios. Por ejemplo, entre 2011 y 2016, el consumo de drogas en mujeres adolescentes entre 12 y 17 años, se incrementó en un 205%, según la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco; y el consumo de drogas en la población en general de 12 a 65 años, se incrementó de 7.2% en 2011 a 9.9% en 2016[1]. Una de las cuestiones graves de esto es que se vuelva una dependencia extendida que merme la salud de la persona adicta.

En diversos círculos sociales se hizo notar el disgusto por la invitación del presidente electo a Mondragón. En lo personal me parece que hay algunas organizaciones de la sociedad civil con amplia trayectoria, como México Evalúa[2] que son expertas en el trabajo e investigación en el tema de seguridad y violencia, como para que se invite a un persona que representa un polo opuesto en la idea de gobierno que López Obrador dice representar, basado en la cultura de paz.

Es indispensable que las líneas de acción en materia de seguridad partan de la prevención, no del castigo como ha sido la constante anteriormente. Claro que no es sencillo, pero hay pruebas que señalan mejoría en las diferentes dimensiones que implica la seguridad: desde el trabajo en las cárceles, prevención del delito, hasta el fortalecimiento de policías; en lugar de la cultura punitiva, que lo único que ha hecho es reproducir círculos viciosos de violencia.


1. ENCODAT 2016-2017

2. México Evalúa


Texto de Jesús Alejandro Tello Cháirez – jesustello@delibera.org

Spotización de las campañas

Fuente: El Dictamen

Son al menos doce años desde que en México ha regido la spotización de las campañas electorales. Para esta ocasión, durante los excesivos noventa días que el Instituto Nacional Electoral (INE) concede a los candidatos (Ricardo Anaya, José Antonio Meade, Andrés Manuel López Obrador y Jaime Rodríguez) y a la candidata (Margarita Zavala), se transmitirán casi 23 millones de spots para convencer a la población de que cada quien son la mejor opción (o que el otro es peor). Esto tan solo durante las campañas oficiales, ya que desde las precampañas se les otorga otro determinado número de espacios en radio y televisión a los precandidatos (aun sea un solo precandidato por partido, en una clara simulación de contienda interna). 

La spotización electoral que se vive favorece a que la exposición del proyecto para el país de cada candidatx se reduzca a unas cuantas frases repetitivas hasta el cansancio, en detrimento de un modelo de debate argumentativo. Además, sistematizan los ataques y la descalificación casi personal en lugar de la promoción de las propuestas propias. Eso sumado a los discursos contradictorios con el historial de cada candidatx y el recurrir a lugares comunes o posiciones bastante ambiguas. También cabe mencionar que se cae en el culto a la personalidad ya que la mayor parte del tiempo es el candidato quien sale o se escucha.

Por ejemplo, en sus primeros spots de campaña Meade apela a su preparación para combatir la inseguridad, la corrupción y la pobreza por haber estudiado las licenciaturas que cursó. Sin embargo, tropieza rotundamente con su propio pie en el tema de corrupción, ya que menciona que muchos políticos corruptos están en la cárcel hoy en día gracias al trabajo que ha realizado en la administración pública, y que la propia gente sabe quiénes son esos políticos. En una conferencia de prensa una reportera le preguntó por nombres específicos, y solo dio la vuelta aludiendo a lo que dice el propio spot y que si no sabían, que lo averigüen. Así también, utiliza el recurso del miedo para descalificar dichos de López Obrador.

AMLO, por su parte, mantiene su discurso de la austeridad: dice que percibirá la mitad del sueldo destinado al presidente, vivirá en su domicilio actual y no en Los Pinos y no utilizará los servicios del Estado Mayor Presidencial. Así también, aún sostiene que quienes gobiernan al país son aquellos que pertenecen a la “mafia del poder”; aunque ha atenuado la dureza con la que se manejaba en las dos anteriores campañas. Si bien es el candidato puntero, y con un buen margen de ventaja, podría repetirse la historia ya vista en que era quien lideraba la intención de voto en 2006 y 2012 al inicio de campaña. Además su discurso gastado puede no tener el mismo impacto que antes. Pero como ventaja tiene la coalición que hizo con el partido de ultraderecha, Encuentro Social, quien le puede dar los pequeños porcentajes que le han faltado para llegar a la silla presidencial, además de que es una de las alternativas que no ha tenido la presidencia de México.

La apuesta de Ricardo Anaya en sus spots parte de una visión del futuro posible para México, donde a través de la tecnología y los recursos que se tienen se puedan resolver los problemas que se tienen en el país. Él también hace alusiones a sus contendientes: por una parte dice que el PRI ya se va, y que la opción de López Obrador es anticuada. Tal vez hay que recordarle las pifias que cometieron los dos presidentes emanados de su partido durante los dos primeros sexenios de este siglo. 

Por último, la única candidata mujer, Margarita Zavala, es reiterativa con su apuesta a los valores según su concepción de cómo deberían conducirse las personas y el gobierno. Además también hace alusiones personales a AMLO, descalificando algunas de sus afirmaciones. Y su discurso no es muy diferente al de su esposo y ex presidente, Fecal: propone enfrentar al crimen organizado con toda la fuerza del Estado, colocando su confianza en el ejército y las fuerzas armadas del país. Ya sabemos cómo termina esa historia. También dice que fortalecerá a la policía en México, para la adecuada protección de la familia, pero es precisamente ahí donde se vuelve ambiguo ya que no es lo mismo el utilizar al ejército para tareas de seguridad pública que el fortalecer a las policías. Y relacionado a estos temas hay una terrible omisión de la prevención social que debería ser el pilar central en asuntos de seguridad pública. 

Aún quedan alrededor de dos meses de campaña y muchos más spots por ver y/o escuchar. La saturación de la audiencia es inevitable, junto a la unidireccionalidad de la comunicación, por lo que en este bombardeo publicitario hay que complementar con otras opciones que nos permitan un diálogo interactivo.

Texto de Jesús  Alejandro Tello Cháirez  – jesustello@delibera.org

La formación policial y el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio

Fuente: Proyecto Justicia

En 2008 se público en el Diario Oficial de la Federación una ambiciosa reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo que respecta al tema penal y de seguridad pública (modificaciones que van del artículo 16 al 22 del referido documento). Los puntos que más destacan de estas modificaciones son los derechos y obligaciones tanto de los imputados como de las víctimas, así como aquellos donde se constituyen nuevas reglas para las instituciones de justicia en el país.

¿Cuál es el objeto de esta modificación? Simplificar el proceso de los acusados, lograr prontas sentencias, desahogar el sistema penitenciario nacional y abaratar los costos que la impartición de justicia implica al erario[1]. Para lograrlo se ha contemplado una profunda modificación al sistema judicial, incorporando juicios orales para desahogar procesos que antes se desarrollaban por oficio; la instauración de mecanismos de justicia alternativa para la resolución de conflictos y la modificación de las penas que contemplan privación de la libertad.

Desde luego, los retos a los que ha tenido que hacer frente la implementación de este nuevo sistema no han sido pocos ni menores. Por un lado, está la crítica de la opinión pública que cuestiona la eficacia de la propuesta; por el otro, la reticencia de todos los involucrados en la impartición de justicia: abogados, empleados del Poder Judicial en sus distintos niveles, jueces, acusados, víctimas y -lo que ha este artículo interesa- policías.

Con el nuevo sistema de justicia, la labor policial se transforma en la búsqueda de transparencia en su acciones y observancia del debido proceso en cada “servicio” del que toman parte. De ahí se desprende la figura del “Primer respondiente” con lo cual el policía que atiende el delito o la falta cometida, está obligado a llenar un nuevo formato y a llevar a cabo un protocolo preciso de levantamiento y registro de evidencias, así como un protocolo específico para la detención del posible responsable o generador del delito o la falta, como consta en el Código Federal de Procedimientos Penales.

Por otro lado, ante la detención de un posible responsable de delito o falta, con las nuevas disposiciones, los policías pueden ser sujetos a proceso judicial si no garantizan los derechos fundamentales del detenido, como se señala en la parte final del artículo 193 del referido Código.

Estas y otras reglas fueron puestas en juego a partir de 2008, generando la apremiante necesidad de capacitaciones sólidas y periódicas para los servidores públicos, pues de ello depende el éxito o fracaso de la nueva política judicial en el país. Lo que aquí se puede observar es que los ejecutores primarios y punta de lanza de estas disposiciones son los policías que patrullan a diario las calles y caminos de todo el territorio nacional; y sin una correcta ejecución de sus labores la operatividad, legitimidad y opinión pública del Sistema entero esta en entredicho.

A pesar de los esfuerzos, esta ha sido una labor con resultados no siempre alentadores. En reiteradas ocasiones ha saltado a luz pública la falta de capacitación de los policías para llevar a cabo el debido proceso de las detenciones y el ofrecimiento de pruebas después de una detención, y el Diagnóstico Nacional sobre las Policías Preventivas en las Entidades Federativas (CNPJ, 2017) no permite saber cuántos policías capacitados hay pues sólo muestra el número de replicadores (que para el caso del Estado de Jalisco cuenta con ninguno)

Por otro lado, programas federales como el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) han destinado presupuesto para la capacitación de los policías en este tema, sin embargo no se cuenta con información pública que demuestre que estas capacitaciones se llevaron a cabo en cada comisaría municipal, cuál es el estatus de las mismas, en qué consistieron estas capacitaciones, si el Programa integral de capacitación en el sistema de justicia acusatorio para instituciones de procuración de justicia (CNPJ, 2014) se desarrolló en forma, cuáles fueron los contenidos que se impartieron, con qué insumos y cuáles fueron los resultados y evaluaciones de los policías capacitados.

Es necesario que los titulares de las instituciones de seguridad en los tres niveles se percaten de la importancia central que tiene la correcta capacitación de sus policías y que no sólo de manera cuantitativa se revele cuántos sujetos han tomado algún curso sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal, sino que se preocupen por el efectivo aprendizaje y la implementación de un sistema novedoso y complejo.

Texto de Emmanuel Rojas – emmanuelrojas@delibera.org


Referencias

  • Cámara de Diputados. (2012). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México: Cámara de Diputados.
  • DOF (2012), Código Federal de Procedimientos Penales. México: Cámara de Diputados.
  • SEGOB (2017), Diagnóstico Nacional sobre las Policías Preventivas en las Entidades Federativas. México, Secretaría de Gobernación
  • SEGOB (2017) Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FROTASEG). México, Secretaría de Gobernación. Consultado en https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/programa-de-fortalecimiento-para-la-seguridad-fortaseg
  • CNPJ (2014), Programa integral de capacitación en el sistema de justicia acusatorio para instituciones de procuración de justicia. México, Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Procuraduría General de la República.

[1] Guillermo Zepeda Lecuona, a través de un conversatorio llevado a cabo en Casa Territorio durante el mes de marzo de 2018, indicó a Delibera A.C. que el gasto por carpeta abierta en la Fiscalía ronda alrededor de los $12,000.00 pesos mexicanos.